ONU alerta por deportaciones de migrantes desde EE.UU. a prisión de El Salvador

Galeria: Deportaciones de migrantes desde EE.UU. a prisión salvadoreña

    Las Naciones Unidas lanzaron una fuerte advertencia contra Estados Unidos tras conocerse el envío de cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, a una prisión de alta seguridad en El Salvador, como parte de una política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

    En un comunicado emitido este martes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó esta situación como una “preocupación seria”, debido a las presuntas violaciones de derechos fundamentales tanto en territorio estadounidense como salvadoreño.

    “Esta situación plantea serias preocupaciones respecto a un amplio abanico de derechos, que son fundamentales tanto en Estados Unidos como para la legislación internacional”, expresó Türk.

Migrantes tratados como enemigos extranjeros

El escándalo ha ganado notoriedad luego de que se revelara que Estados Unidos deportó a presuntos miembros del Tren de Aragua —una organización criminal venezolana— a una prisión salvadoreña de máxima seguridad construida originalmente para pandilleros centroamericanos.

Según fuentes de la Casa Blanca, el gobierno de El Salvador aceptó encarcelar a los migrantes deportados a cambio de seis millones de dólares, en un acuerdo confidencial que apenas ahora ha salido a la luz.

El presidente Trump invocó la Ley de enemigos extranjeros de 1798, una norma casi olvidada del siglo XVIII, solo utilizada anteriormente durante la Guerra de 1812 y las guerras mundiales, para justificar la deportación de supuestos delincuentes extranjeros.

En febrero pasado, el mandatario republicano designó como “organizaciones terroristas globales” a seis cárteles mexicanos, al grupo venezolano Tren de Aragua y a la MS-13, abriendo así la puerta legal para su expulsión inmediata sin revisión judicial.

Críticas por trato inhumano y sin garantías procesales

    Volker Türk denunció que muchas de las deportaciones se realizaron de forma arbitraria, con personas encadenadas y sin acceso a una evaluación judicial de sus casos. Además, criticó la retórica utilizada por el gobierno estadounidense, a la que calificó de humillante y estigmatizante.

    “Las familias con las que hemos hablado expresaron un sentimiento de impotencia... su dolor de ver a sus seres queridos etiquetados como delincuentes o terroristas, sin juicio alguno”, afirmó Türk.

    Hasta ahora, el paradero de al menos 245 venezolanos y 30 salvadoreños deportados a El Salvador permanece desconocido, según la oficina de Derechos Humanos de la ONU, que también denunció la ausencia de listas oficiales de detenidos por parte de las autoridades salvadoreñas o estadounidenses.

Reacción judicial en EE.UU.

    Las decisiones del presidente Trump han sido cuestionadas desde el sistema judicial estadounidense. A inicios de mayo, un juez federal en Texas declaró “ilegal” el uso de la Ley de 1798 en este contexto migratorio.

    Adicionalmente, la Corte Suprema y varios tribunales de distrito han emitido órdenes para suspender temporalmente las expulsiones, argumentando violaciones al debido proceso legal y falta de garantías para los afectados.

    El debate legal se ha intensificado, ya que miles de migrantes podrían estar expuestos a deportaciones sumarias bajo esta figura, que no permite apelaciones ni audiencias previas.

Deportaciones masivas: cifras alarmantes

    Entre el 20 de enero y el 29 de abril, Estados Unidos deportó a más de 142 mil personas, según cifras oficiales citadas por la ONU. De ellas, cientos fueron clasificadas como “riesgosas” y redirigidas directamente a la prisión salvadoreña construida por el presidente Nayib Bukele para alojar a miembros de pandillas.

    Esta instalación carcelaria, calificada como una “megaprisión de alta seguridad”, ha sido objeto de duras críticas por organizaciones de derechos humanos que denuncian condiciones inhumanas, hacinamiento y maltratos.

Preocupación internacional y llamados a la transparencia

Diversos gobiernos latinoamericanos, así como organizaciones no gubernamentales, han pedido transparencia en el tratamiento de los migrantes detenidos. Human Rights Watch y Amnistía Internacional exigieron a Estados Unidos y El Salvador publicar los nombres de las personas detenidas y permitir supervisión internacional en los centros de detención.

    “Lo que está ocurriendo es una forma de externalización de la represión migratoria. EE.UU. está trasladando sus políticas punitivas a terceros países sin garantizar derechos básicos”, denunció un experto legal de Amnistía.

    La ONU reiteró su llamado urgente al respeto de los principios fundamentales del derecho internacional, especialmente en materia de refugio, migración y debido proceso.

Un precedente preocupante

    Este caso plantea interrogantes de fondo sobre la legalidad y la ética en la política migratoria contemporánea, especialmente en países con fuerte influencia global como Estados Unidos.

    Si bien el control fronterizo es prerrogativa de cada Estado, los estándares internacionales obligan a garantizar derechos fundamentales, incluidos el acceso a un juicio justo, la protección contra la tortura y el derecho al asilo.

La comunidad internacional observa con preocupación el precedente que esta política podría sentar para otras naciones.