Nueva administración denuncia anomalías en seguridad pública y anuncia profundas reformas

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La Paz, Estado de México, 15 de julio de 2025 – En una conferencia de prensa convocada hoy, se dieron a conocer los primeros resultados de la revisión profunda al funcionamiento de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y Movilidad, tras el arribo de la nueva administración encabezada por la presidenta municipal, Marta Guerrero Sánchez.

Participaron el director general de Seguridad y Tránsito Municipal, el licenciado Enrique Absalón Villa señor Medina, así como el secretario técnico, el director jurídico, el titular de Asuntos Internos, el director de Gobierno y diversos asesores, entre ellos los doctores Gustavo Díaz Díaz, Gustavo Hernández Flores y Jorge Eduardo Galindo. Todos coincidieron en presentar un diagnóstico claro y con cifras contundentes.

1. Plantilla municipal en estado crítico
El 1 de enero de 2025, al asumir la nueva administración, se encontró una plantilla de 422 elementos, con un 50 % de asistencia real diaria. Además, 47 de ellos se encontraban incapacitados por diversas enfermedades. Se detectó una ausencia generalizada de evaluaciones de confianza; algunos policías no habían sido sometidos a polígrafo, exámenes toxicológicos o socioeconómicos desde 2020. Los responsables calcularon que 60 elementos carecían de formación policial y control de confianza, lo que implicaba un grave riesgo para la ciudadanía y la institución.

2. Vehículos deteriorados y sin mantenimiento
Del parque vehicular municipal, 74 unidades fueron clasificadas como en “mal estado”, con problemas en frenos, pintura, neumáticos y mantenimiento mecánico. Ante esta situación, la alcaldesa Marta Guerrero gestionó de inmediato la compra de 50 unidades nuevas, incluyendo 30 camionetas para zonas elevadas y 20 sedanes, mejorando significativamente la capacidad operativa.

3. Jornadas laborales extenuantes
Otra deficiencia detectada fue que los oficiales trabajaban 24×24 horas, una rutina agotadora. La administración tomó la decisión de reformar el esquema a 12×48 horas, garantizando un equilibrio entre trabajo, descanso y atención ciudadana.

4. Uniformes y equipo deficiente
Se evidenció también la falta de uniformes adecuados y protección personal. A mediados de 2025, la administración entregó 200 uniformes nuevos y adquirió 110 chalecos balísticos, con compromisos de completar el lote restante en el segundo semestre del año, a través de recursos etiquetados del “portafolio”.

5. Depuración y capacitación
En seguimiento a las irregularidades, los 60 elementos sin evaluación o formación fueron sujetos a procesos de control y confianza. Quienes no aprobaron quedaron fuera; los restantes iniciaron capacitación básica de policía, fortaleciendo tanto su preparación como el respeto a la normativa vigente.

6. Ajuste salarial histórico
Durante el conflicto laboral suscitado el 9 de junio pasado, cuando alrededor de 35–40 policías bloquearon la carretera México‑Puebla (km 18.5) para exigir mejoras laborales, la presidenta escuchó sus demandas e implementó un ajuste salarial: siete oficiales que ganaban entre 2,400 y 2,500 pesos quincenales fueron ajustados a 4,500 pesos, con aumento en prestaciones, prima vacacional y aguinaldo proyectado casi al doble para diciembre de 2025.

Este ajuste continúa en curso: en la nómina actual, 75 policías y bomberos han sido beneficiados; en la próxima quincena se incorporará el primer grupo restante de oficiales por debajo del salario mínimo, y para 2026 se contempla un incremento presupuestal general conforme al tabulador oficial.

7. Atención puntual y diálogo abierto
El 2 de julio, una comisión de ocho elementos fue atendida; posteriormente, el 4 de julio presentaron un pliego petitorio formal tras insistir en temas laborales. El 7 de julio se les entregó un acta circunstanciada, sin firma por parte de los policías. Ayer, 14 de julio, se volvió a reunir la mesa de diálogo para dar respuesta puntual a cada punto del pliego. Aunque la comisión no firmó por considerar insuficientes las condiciones, se mantuvo el compromiso municipal de seguir atendiendo sus demandas. Cabe destacar que no se ha iniciado ningún proceso legal contra los manifestantes, en respeto a sus derechos constitucionales.

8. Amenaza de nueva movilización
Los representantes de los policías advirtieron que si no firmaban el pliego, iban a cerrar nuevamente la carretera México‑Puebla al día siguiente, hecho que es interpretado por el gobierno municipal como un acto con tinte político y desestabilizador, impulsado por operadores de la gestión anterior.

La administración aclaró que respeta el derecho a la protesta, pero no tolerará maniobras que debiliten la gobernabilidad ni desacrediten a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ni al gobierno federal. Hasta el momento no se han registrado acciones legales contra los inconformes empezadas desde el 9 de julio.

La conferencia del 15 de julio evidenció un diagnóstico claro: irregularidades graves en materia de plantilla, infraestructura, equipo y condiciones laborales. La administración de Marta Guerrero Sánchez respondió con medidas concretas: renovación vehicular y de uniformes, depuración y capacitación, reajuste salarial, y mantenimiento de canales de diálogo. Se prevé que estas acciones contribuyan a elevar la seguridad pública municipal y restaurar la confianza ciudadana.