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    Ciudad de México, 13 de julio de 2025. Vender un automóvil usado puede parecer una transacción común y cotidiana, especialmente cuando se requiere liquidez económica o se desea cambiar de modelo. Sin embargo, omitir notificar esta operación al Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede convertirse en un serio problema fiscal.

    De acuerdo con las disposiciones vigentes en materia tributaria, el SAT exige que toda compraventa de bienes muebles, como los vehículos, sea reportada debidamente dentro de la Declaración Anual de los contribuyentes, tanto para personas físicas como morales. Esta obligación tiene como objetivo mantener la transparencia del origen y destino del dinero, así como prevenir delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero.

¿Por qué es necesario notificar al SAT?

    El SAT establece con claridad que cualquier ingreso o egreso derivado de operaciones comerciales, aún si se trata de una compraventa personal de un automóvil usado, debe quedar registrada en la declaración fiscal correspondiente.

    El organismo considera fundamental que la ciudadanía rinda cuentas sobre la procedencia de sus ingresos y el destino de sus recursos, como parte de un esfuerzo por reforzar la legalidad financiera en el país.

    La compraventa de vehículos entra en esta categoría, por lo que debe notificarse aun cuando no se genere ganancia o impuesto a pagar. No hacerlo puede acarrear consecuencias importantes.

Sanciones económicas por no declarar

    Las sanciones por omitir este reporte no son menores. El SAT tiene facultades para imponer multas que oscilan entre 1,810 y hasta 44,970 pesos, dependiendo del tipo de omisión.

Entre las principales sanciones destacan:

Multa de 1,810 a 44,970 pesos por presentar la declaración fuera del plazo establecido.

Multa de 17,190 a 34,350 pesos por no presentar el aviso de compensaciones.

Multa de 18,360 a 36,740 pesos por no presentar las declaraciones electrónicas cuando son obligatorias.

Estos montos pueden variar anualmente de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y las disposiciones que determine la autoridad fiscal.

¿Siempre se paga impuesto al vender un auto?

    No en todos los casos se debe pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) por vender un vehículo. Según el artículo correspondiente de la Ley del Impuesto sobre la Renta, si la diferencia entre el ingreso recibido y el precio original de adquisición no supera tres UMA anualizadas (aproximadamente $118,000 pesos en 2025), no se genera ISR.

Esto significa que si un contribuyente vende su automóvil en un monto similar o menor al que lo compró, probablemente no pagará impuesto alguno, aunque de todas formas está obligado a reportar la transacción.

Recomendaciones para los contribuyentes

En caso de que hayas vendido o comprado un auto usado recientemente, lo más recomendable es:

Consultar con un contador para asegurarte de que estás cumpliendo correctamente con tus obligaciones fiscales.

Acudir a una oficina del SAT o ingresar al portal oficial para realizar el trámite.

Conservar documentos como la factura de compra-venta, contratos y comprobantes de pago para cualquier aclaración futura.

Declaración anual: herramienta clave

    La figura de la Declaración Anual es el mecanismo mediante el cual los contribuyentes informan al SAT sobre sus movimientos financieros del año. A través de esta, se evalúa el cumplimiento fiscal y se aplican ajustes o sanciones si es necesario.

   Es por eso que el organismo federal considera fundamental que todas las operaciones, incluso las aparentemente informales, como la compraventa entre particulares, sean registradas formalmente.

    La venta de un auto usado puede parecer un asunto simple, pero tiene implicaciones fiscales relevantes. Declarar esta transacción no sólo es un acto de legalidad, sino también una manera de evitar sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 44,970 pesos.

    Con las herramientas digitales y el acompañamiento profesional adecuado, los contribuyentes pueden cumplir con sus obligaciones sin complicaciones y con mayor certeza jurídica.

   El SAT ha reiterado que no se trata de un acto de fiscalización punitiva, sino de una medida para garantizar transparencia y legalidad en las finanzas personales y empresariales.